VENEZUELA: INFORME SOBRE EL DERECHO A LA SALUD, 2014-2017, EN UN CONTEXTO HUMANITARIO DE PRIVACIÓN PROLONGADA DE MEDICICINAS Y SERVICIOS SANITARIOS

El presente Informe fue elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Coalición de Organizaciones por el Derechos a la Salud y a la Vida (CODEVIDA), a fin de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación del derecho a la salud en Venezuela entre los años 2014 y 2017, con el objeto de contribuir a la documentación solicitada para realizar un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el país. La información aquí presentada describe los preocupantes retrocesos en el derecho a la salud durante los últimos años, situación que ha venido transformándose en una emergencia humanitaria con graves y extensos daños a la población debido a la escasez prolongada de medicinas y al extremo estado de precarización en el que se encuentra la infraestructura de servicios de salud, por la acumulación de problemas estructurales no corregidos a lo largo del tiempo, una sistemática desinversión en el sector salud y drásticos recortes de gasto en divisas, la desestructuración de todo el sistema sanitario y la decisión de no permitir acceso a la ayuda humanitaria internacional por parte del gobierno venezolano.

El sistema sanitario público, que contaba con la mayor disponibilidad de servicios en el país y cuyos déficits de inequidad, desfinanciamiento y fragmentación no fueron resueltos en las últimas décadas, atraviesa un proceso de profunda desestructuración institucional y destrucción de su infraestructura en un contexto altamente complejo por causas políticas y de fragilidad institucional y económica, con repercusiones en el aumento acelerado de la pobreza, el hambre, la interrupción de servicios básicos, las amenazas de desastres por degradación ambiental y la paralización de actividades productivas, aunado a altos índices de criminalidad y políticas de violencia de Estado, con devastadores impactos en la salud colectiva e inminentes peligros para la vida y la integridad de miles de personas, principalmente las que viven en condiciones de salud crónicas y las que se encuentran en extrema pobreza, en zonas apartadas y las detenidas o privadas de libertad.

En el marco de un sistema de políticas de monopolio en distintos planos de la vida económica y social del país, desde hace varias décadas el Estado venezolano usó intensivamente los recursos públicos en importaciones que redujeron las inversiones en el sector salud y exacerbaron la dependencia externa del abastecimiento en materias primas, medicinas, insumos, equipos y repuestos para la industria farmacéutica y el sistema sanitario público y privado, en más del 90%. A través de los controles cambiarios, el gobierno se ha reservado durante años las divisas para uso exclusivo de una gran cantidad de programas y sistemas paralelos, empresas públicas de importación y sistemas de distribución fallidos, excluyendo a proveedores, farmacias y clínicas privadas, y dejando acumular enormes déficit financieros del gasto público en salud, el deterioro de la infraestructura sanitaria y de saneamiento, y la paralización de los programas de salud.

En condiciones extremadamente vulnerables, el sistema sanitario fue impactado por la decisión en 2014 de aplicar severos recortes de divisas para salud en más del 60% ante la aguda contracción económica del país, sin las previsiones necesarias para resguardar a la población de estos impactos. Desde 2016, el gobierno comenzó a dictar decretos de emergencia económica y estado de excepción de forma consecutiva que, en el caso de salud, se usaron para impulsar alianzas nacionales e internacionales con el fin de estimular la producción de medicinas y racionalizar las importaciones. Sin embargo, en la práctica, las medidas sólo han servido para implementar un sistema centralizado de severo racionamiento, prevaleciendo una escasez general y prolongada de medicinas e insumos y el cierre o inhabilitación de la mayoría de los centros de salud públicos, que ha generado una inhumana privatización del acceso a las pocas medicinas y servicios de atención disponibles que la mayoría de la población no puede pagar. La situación es más grave si se considera que más del 60% de las personas no cuenta con ningún seguro público o privado[1], la pobreza se ha generalizado y la población se encuentra sometida a condiciones precarias de falta de alimentos, trabajo, transporte y dinero en efectivo, imposibilitando movilizarse o recibir desde otras ciudades alguna ayuda.

Escasez y desabastecimiento prolongado

La escasez general y prolongada de medicinas e insumos básicos de salud afecta a toda la población, en particular a unas 3 millones de personas de todas las edades en diversas condiciones de salud crónicas quienes han pasado al menos un año sin acceso a casi ningún tratamiento. Esta grave situación no ha sido reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes, escogiendo en su defecto aplicar medidas de racionamiento a través del retiro arbitrario de medicinas e insumos de las listas de compras públicas y la reducción de cantidades sin criterios epidemiológicos, científicos ni médicos. Es así como, mientras la industria, las farmacias, el personal de salud, los trabajadores del sistema sanitario, las organizaciones de derechos humanos y las personas denuncian más de un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional, el gobierno y las autoridades sanitarias sólo admiten un 15% de fallas, extrayendo sus cálculos de lo que falta de sus propias listas de compras “priorizadas”.

Constituyen ejemplos de esta situación, las 5.668 mujeres con cáncer de mama de todos los estratdos sociales sin acceso a quimioterapias y otros tratamientos esenciales[2], los cuales no ingresan desde hace varios meses al país. De acuerdo con estadísticas a las que ONG como Senos Ayuda y Funcamama han tenido acceso, a causa del aumento de nuevos casos de diagnóstico tardío, la recurrencia del cáncer y la escasez de tratamientos ocurren al menos 6 fallecimientos diarios de mujeres con esta condición. En la misma situación se encuentran 4.990 personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Entre los años 2016 y 2017 fallecieron 22 personas y más de 200 corren el peligro de perder la vida por no recibir Factores de Anti-Coagulación, de acuerdo con la Asociación Venezolana de Hemofilia (AVH). En agosto de 2017, la Sociedad Venezolana de Nefrología anunció la profunda carencia de recursos de las unidades de diálisis, el cierre de programas de diálisis peritoneal y de procura de órganos a nivel nacional, y el peligro que enfrentan las personas trasplantadas por la escasez de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos.

Igualmente, las personas con problemas cardiovasculares, primera causa de mortalidad en Venezuela, también están falleciendo aceleradamente por no haber suficientes marcapasos. En el Hospital General del Sur, uno de los más importantes del estado Zulia el personal médico denunció 10 fallecimientos de unas 60 personas que aún esperan por colocárselo[2]. En el caso de las personas con esclerosis múltiple, parkinson y alzhaimer, o con otras condiciones degenerativas y psiquiátricas no se consiguen medicinas de ningún tipo desde por lo menos un año, incluyendo medicina paliativa como lo señaló la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (Sovemepal), en un pronunciamiento: “Hoy en Venezuela ya no hay ninguna clase de medicamento analgésico, incluyendo opioides que puedan aliviar dolor moderado a severo, no hay forma de aliviar el sufrimiento de tantos pacientes que luchan por la vida o cercanos a la muerte, no hay herramientas para ayudar, y como sociedad médica, como profesionales de la medicina, como proveedores de salud, tenemos el deber y la responsabilidad de hacer un llamado enérgico, un alza de voz a esta grave situación”.

En junio de 2017, 123 ONG denunciaron graves fallas de disponibilidad de antirretrovirales que afectan al 80% de las 77.000 personas con VIH registradas en el Programa de Suministro de Antirretrovirales del Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, además de la inexistencia de reactivos e insumos para la realización de pruebas de detección primaria del VIH y pruebas de monitoreo y control para el tratamiento de la infección. También se registraba la ausencia absoluta de fármacos para tratar infecciones oportunistas y de sucedáneos de leche maternizada para alimentar a niñas y niños nacidos de mujeres con VIH que no pueden amamantar.

Cierre y abandono de los servicios de salud

El estado de desestructuración y precariedad del sistema de salud público ha causado el retiro de más de la mitad del personal capacitado, el cierre o abandono parcial o total de la mayoría de los ambulatorios y hospitales. Los centros de salud públicos representan 90% de los entes prestadores y concentran 70% de las camas. 80% de estos centros en todos los sistemas existentes, niveles y estados del país, reportan graves condiciones de precariedad. En la mayoría de ellos existen reportes de 70% de escasez en insumos básicos y médico-quirúrgicos; 80% de desabastecimiento en medicinas; 60% de paralización de equipos de diagnóstico y tratamiento, y fallas constantes de energía eléctrica y agua”. En junio de 2017, el gobierno anunció la iniciación de un Plan Quirúrgico Nacional para atender a 600.000 personas con necesidad de cirugías menores detectadas entre personas afiliadas al “Carnet de la Patria”, medio del sistema de racionamiento en alimentación y salud que es administrado por organizaciones afectas al gobierno. Hasta mediados de ese mes sólo se habían detectado unas 65.542 por este método y se desconoce la cifra exacta de cuántas personas realmente fueron intervenidas.

6.000 personas se encuentran en listas de espera por trasplantes: por trasplante de riñón existen 3.000 personas esperando según denunció la Asociación Venezolana para el Deporte y la Salud de los Trasplantados y en Situación de Trasplante (Avedestras) a inicio del 2017. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), entidad a la que se retiró bruscamente en el 2014 de la gestión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, después de haber estado encargada de esta función desde el año 2001 por delegación del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), emitió un comunicado público en junio de 2017 denunciando la paralización de la actividad de donación y trasplante en el país. En dicho comunicado la ONTV describió la situación de trasplantes de la siguiente forma: gran deterioro de la infraestructura de los hospitales sede de los Centros de Trasplante, deficiencias de todo tipo de medicamentos y tratamiento inmunosupresor, desabastecimiento de reactivos y grave déficit de personal de salud especializado.

Debido a las reducidas coberturas de atención maternal y las precarias condiciones de prestación de servicios materno-infantiles en la mayoría de los centros de salud públicos del país, la mortalidad materno-infantil aumentó de manera alarmante en el 2016, registrándose continuos reportes de fallecimientos en grupo de neonatos en los hospitales. Los Boletines Epidemiológicos del año 2016, publicados en 2017, confirmaron que entre los años 2015 y 2016 la cantidad de muertes infantiles se incrementó en 30%, de los cuales 60% eran recién nacidos. Las muertes maternas aumentaron a su vez en 66%, al pasar de 456 a 756. A partir de estas cifras, la Red Defendamos la Epidemiología calculó las tasas de 2016, determinando que las muertes maternas subieron a 140 por cada 100.000 nacidos vivos y las muertes infantiles a 19,6 por cada 1.000 nacidos vivos.

Epidemias combinadas en acelerado ascenso

Entre los años 2015 y 2016 la Malaria pasó de 136.102 a 240.613 casos, fuertemente asociada a las actividades de minería. Más del 70% de los casos de Malaria se concentró en el estado Bolívar, particularmente en el municipio Sifontes y 5 parroquias de su territorio. Sin embargo, durante los últimos años la Malaria se ha extendido hacia otros 5 estados del país que juntos agrupan 99.7% de los casos, siendo Sucre el estado con la situación epidémica más preocupante con un incrementarse de 552%, de acuerdo con los Boletines epidemiológicos. Hasta el mes de julio del año 2017, los boletines registraban un acumulado de 184.225 casos, con aumento de 63,1% respecto al mismo mes en el año 2016.

Desde abril de 2016, comenzaron a recibirse reportes sobre casos y fallecimientos por Difteria en los municipios Sifontes y Caroní del estado Bolívar, infección aguda altamente contagiosa que puede producir graves daños al corazón y al cerebro. Esta enfermedad había sido erradicada del país y de gran parte del mundo gracias a las altas coberturas de inmunización de niños y niñas. Médicos de hospitales públicos del estado denunciaron que la muerte de 17 niños, cifras sobre las cuales les habían obligado a guardar silencio. Más casos de fallecidos fueron reportados por médicos, personal de enfermería y familiares, sin dar sus nombres por temor a represalias en la atención de los centros de salud. Varios fallecimientos por esta enfermedad continuaron reportándose en el año 2017, sin información oficial al respecto.

Negativa del Estado a recibir asistencia internacional en salud

Frente al mayor empeoramiento de la situación y las miles de vidas en riesgo, el gobierno persiste en la conducta de negarla y rehusarse a permitir cualquier tipo de asistencia internacional, ofrecida por organismos especializados, organizaciones humanitarias y gobiernos. El nuevo parlamento elegido en diciembre de 2015 declaró una crisis humanitaria de salud en Venezuela.En esta declaratoria se exigió al gobierno garantizar acceso inmediato a la lista oficial de medicamentos esenciales, permitir la entrada de medicamentos de particulares como medida humanitaria, eliminar las trabas de envío dentro del territorio nacional y coordinar planes con todas las autoridades sanitarias (MPPS, IVSS, Sanidad Militar y Fundación Barrio Adentro) para resolver la crisis. Codevida, Provea y una gran cantidad de organizaciones sociales de salud, las sociedades, los gremios y los sindicatos del sector a nivel nacional han hecho permanentes llamados públicos sobre la urgencia de ayuda humanitaria para asegurar sin demora la disponibilidad y acceso, universal, permanente e ininterrumpido a medicamentos, insumos y servicios esenciales en salud en condiciones de seguridad, eficacia, transparencia y calidad, así como la necesidad de asistencia técnica en vista de las fragilidades institucionales.

No obstante, el informe de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en salud de octubre 2016, para el cual se visitaron seis estados y la capital del país, destacó: “Hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos”. De hecho, amparándose en los decretos de emergencia económica y estados de excepción, el gobierno nacional desconoce la gravedad de la situación y ha bloqueado sistemáticamente el acceso a los mecanismos internacionales de asistencia, sin importar las terribles consecuencias para las personas.

En mayo de 2016, una Ley Especial para Atender la Crisis Nacional en Salud sancionada por la Asamblea Nacional para recurrir a la asistencia internacional fue anulada por el TSJ, a petición del Ejecutivo, por usurpar competencias reservadas al Presidente en los decretos de emergencia económica y como única autoridad para conducir las relaciones internacionales, para resguardar la “seguridad de la nación” y los Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social (Plan de la Patria). Igualmente, el gobierno ignoró otros acuerdos de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis del sistema nacional público de salud y sus autoridades sanitarias se han negado a comparecer ante el parlamento para informar sobre la situación de los centros sanitarios públicos y la mortalidad en el país. En el mes de julio, Cáritas de Venezuela intentó realizar todos los trámites aduanales y tributarios para recibir un cargamento de 525 cajas de medicinas y 92 de suplementos alimenticios procedentes de Chile que llegaron a puerto venezolano en agosto de 2016. Sin embargo, no se autorizó a Caritás retirarlos, reasignando los cargamentos a instituciones sanitarias públicas.

En el contexto internacional, el gobierno ha negado en varias oportunidades la existencia de una crisis humanitaria en salud, rehusando acudir a los mecanismos de asistencia y cooperación y calificando su ofrecimiento como actos “injerencistas”. Durante las audiencias de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, el Estado “reconoció la existencia de un problema de disponibilidad de medicamentos, pero indicó que ello no implicaba una crisis humanitaria”. Durante audiencia de la CIDH celebrada en Chile en junio de ese año, sobre la escasez de medicinas en Venezuela en audiencia solicitada por 9 organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa del derecho a la salud, la Ministra de Salud, Luisana Melo, afirmó que el gobierno garantizaba tratamientos a todos los venezolanos y que la escasez era sólo “puntual”.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con fundamento en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana presentó informe publicado en mayo de 2016 ante una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada el 23.06.16, en la que advirtió sobre la grave crisis humanitaria en salud y alimentación. En dicha sesión la Canciller de Venezuela Delcy Rodríguez manifestó: “No hay crisis humanitaria. No la hay. Lo afirmo con toda responsabilidad”. Igual declaración realizó la Canciller ante la Asamblea General de la OEA, celebrada en sesión del 20 de junio de 2017 en México.

Pese a las continuas negativas, distintos organismos internacionales realizaron llamados al Estado venezolano para cumplir con su obligación de garantizar los mínimos de atención a la salud en el contexto de 

una crisis humanitaria. En febrero del año 2016, el Estado recibió la tercera comunicación del Relator para el derecho al  disfrute del más alto nivel de salud física y mental de las Naciones Unidas (ONU), Dainius Puras, en la que se exhortó a las autoridades cumplir los estándares básicos e inmediatos de un sistema de salud eficaz, ante la intensificación de la mortalidad materna, cardiovascular y por cáncer, el debilitamiento de la vacunación y de la atención prenatal, y una mayor incidencia de malaria, dengue, chikungunya y zika. Asimismo recordó al gobierno su obligación de suministrar los medicamentos esenciales a todas las personas, sin discriminación alguna, asegurando una disponibilidad suficiente y accesible en todas las instalaciones de salud pública y la participación de la población en los planes previstos.

En agosto de 2016, Ban Ki-Moon, exSecretario General de la ONU, se refirió a la situación venezolana como una crisis humanitaria por necesidades básicas no cubiertas “como la comida, el agua, la sanidad, la ropa”. En sus declaraciones agregó “La ONU está lista para ayudar…”. En septiembre de 2016, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al-Hussein, también expresó alarma por la negativa del Estado para otorgar visa a representantes de su equipo “…a la luz de nuestras graves preocupaciones por (…) un declive dramático en el disfrute de los derechos económicos y sociales, con un aumento del hambre generalizada y el grave deterioro de los servicios de salud”. En octubre de 2016, PARLASUR (organismo parlamentario de MERCOSUR) aprobó resolución para el envío de medicinas a Venezuela pese a los votos en contra de los diputados oficialistas integrantes de este organismo. En igual dirección, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó en octubre  de 2016 a la Unión Europea pasar a la acción para resolver la crisis humanitaria de Venezuela y ayudar a los presos políticos europeos, denunciando la negativa del gobierno a “reconocer una crisis humanitaria que impide la llegada de ayuda desde el exterior”.

La CIDH también ha exhortado al Estado adoptar medidas urgentes e integrales frente al agudo desabastecimiento de medicinas, garantizando el derecho a la salud de la población y considerando especialmente las condiciones de las personas, grupos y colectividades en situación de vulnerabilidad. Asimismo, en el Capítulo IV de su Informe Anual 2016, la CIDH expresó que había observado durante el año un severo agravamiento en el acceso el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, señalando específicamente que “la situación de desabastecimiento y escasez extrema de medicamentos y alimentos básicos en Venezuela ha producido una situación de crisis que ha comprometido gravemente el goce efectivo de distintos derechos…”. Sin embargo, ninguno de estos llamados y exhortaciones han surtido efecto hasta ahora, dejando a la población venezolana en el más absoluto desamparo y una condena a sufrir los estragos de la enfermedad, el trauma y la posibilidad de perder la vida en cualquier momento.